Según un estudio realizado por la Asociación Europea del Arbitraje (Aeade), las pymes españolas utilizaron hasta un 30% más en los últimos cinco años el uso de la vía arbitral como método para resolver conflictos tanto en el ámbito nacional como internacional.

Javier Iscar de Hoyos, secretario general de Aeade apuntó que este crecimiento "demuestra que el arbitraje se usa cuando se conoce". La labor de divulgación y promoción llevada a cabo por las instituciones arbitrales y los colegios de abogados, tras la entrada en vigor en 2003 de la Ley del Arbitraje, ha conseguido que éste método se convierta en "una opción clara de servicio a sus clientes".

El 90% de los problemas que llevan a las pymes a los tribunales son reclamaciones económicas por incumplimientos contractuales. Mediante el uso del arbitraje los plazos pueden verse reducidos entre tres y cuatro meses de media (seis como máximo) con un ahorro del 50% del coste real del procedimiento.

"Es muy importante que un procedimiento se inicie y termine en el mismo año fiscal", afirmó Hoyos. Así como evitar "la pérdida de tiempo y dinero que suponen los procesos judiciales para las pymes", apuntó.

El tiempo medio para resolver un problema por la vía judicial es de 2,5 años para una cuantía menor a 150.000 euros. Plazo que puede incrementarse hasta los 7 años para cantidades superiores.

Las pymes acuden al arbitraje en su mayoría debido a situaciones de incumplimiento de contrato o resolución del mismo, un problema que en España causa unas pérdidas aproximadas de 16 millones de € al año y cuya solución se demora de forma excesiva amenazando la vida del sector.

En España, el Indice de Impago asciende al 3,2% de las ventas totales de las empresas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Porcentaje que es el triple del de países como Finlandia o Italia y que se encuentra por encima de la media europea fijada en torno al 2%. El efecto de arrastrar esta situación es que una de cada cuatro empresas acaba cerrando.

El método del arbitraje también es útil en las empresas familiares. En concreto, en fases como las frecuentes luchas por el control, las sucesiones o los aumentos de capital social. Se calcula, que sólo el 15% de este tipo de negocios consigue llegar hasta la tercera generación.